Foto: Agencia Uno
El presente informe tiene por objeto entregar los insumos de la prensa local y especializada relacionados al TPP11.
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CONTEXTUALIZACIÓN
El Tratado TransPacífico, o TPP11, es uno de los acuerdos multilaterales mas importantes en la escena internacional del último tiempo, siendo catalogado por las organizaciones sindicales y sociales como el peor Tratado de Libre Comercio de la historia.
Los paises que integran la iniciativa son Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunéi. Previamente, en su elaboración, estuvo involucrado Estados Unidos, el cual tiene congelada su participación debido a las políticas proteccionistas de la administración Trump, pero que podría volver al tratado de la mano de un nuevo gobierno que plantee nuevamente la globalización como horizonte político.
Por otro lado, también es relevante señalar que el Tratado es una forma de presión a escalas globales a la economía China, la cual no es parte del presente acuerdo multinacional.
Además de países, este Tratado involucra a grandes corporaciones transnacionales, que han empujado los esfuerzos por canalizar un piso común que les asegure niveles de certeza empresarial, especialmente política y jurídica, para llevar adelante sus diversos proyectos y negocios, vía los estados involucrados.
En términos comerciales, el acuerdo supone la eliminación de más del 95 por ciento de los aranceles entre los países miembros, los que representan el 13.3 por ciento del PIB mundial y el 14.4 por ciento del comercio global.
Además de ello, las negociaciones del TPP se centraron en más de 20 mesas de trabajo, incluyendo agricultura, aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, competencia/empresas comerciales del Estado, comercio y medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, medicinas, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales/institucionales, entre otros.
La polémica se instala, por cuanto se considera que el Tratado fue realizado a espaldas de todas las personas, al menos en el caso de nuestro país, resultando un desconocimiento total sobre los temas tratados y de como se lograron dichos acuerdos, demostrando la falta de transparencia y elementos básicos para garantizar la defensa de los intereses del país.
Pero no solo a su elaboración se le han hecho crítica. En general, se repara en la pérdida de soberanía general de las diferentes democracias que suscriben el acuerdo en post de los intereses de las grandes empresas trasnacionales. De igual manera, se señala por diversos organismos que este acuerdo vendria a asegurar y garantizar una legislación acorde al desarrollo empresarial por sobre las aspiraciones reales de las y los ciudadanos.
Muestra de ello, es que el acuerdo se debe renegociar las condiciones de manera periódica, de forma que se garanticen a través del tiempo los diferentes intereses de las empresas vinculadas al acuerdo.
De igual manera, Chile, y los otros países miembros, incluso podrían ser demandados por no garantizar de forma efectiva el cumplimiento de los acuerdos del presente Tratado, pudiendo empujar, u obstruir, cambios legislativos que regulen de otra forma aspectos relevantes en materia comercial o económica (ej. sistema de pensiones), debilitando la ya fragil legislación sobre derechos sociales.
En resumen, se subordinan los países a que cualquier nueva legislación deba ser comparada con el Tratado, de forma que no vaya en contra de las directricez de éste, ni de forma general ni particular.
Especial interés han demostrado en el proyecto las transnacionales farmaceuticas, quienes ven fortalecido su mercado generando un aumento el monopolio que ostentan, merced de los altos precios que establecen para acceder a medicamentos, postergando e impidiendo la producción local y genérica de fármacos.
Así también, se modifican derechos campesinos en post de intereses de grandes empresas agroindustriales, abriendo la puerta a las semillas transgenicas y pesticidas industrial es, resistidos por las legislaciones locales, a raíz de la resistencia de las comunidades, pero que ahora se verían permitidos e incentivados por la nueva normativa.
Otro de los elementos mas complejos que supone el Tratado, es que le da un carácter supranacional a cierta estructura corporativa y refuerza el ideario subsidiario de parte del Estado, restringiendo de manera grave el fortalecimiento de las empresas y organizaciones estatales o locales, en beneficio del sector privado multinacional.
Desde la óptica del trabajo, por una parte supone un eventual congelamiento de los derechos laborales actuales, puediendo solamente generar retrocesos respecto a la ya cuestionada legislación laboral. Puesto de otra forma, el TPP11 reconoce como garantia lo acordado por la OIT como mínimos comunes. Lo complejo de esto, es que, a la larga, dichos mínimos se van a convertir en los máximos estandares, pudiendo traducirse, en la práctica, en rebajas de derechos laborales garantizados por las legislaciones nacionales, con tal de dar cumplimiento a lo indicado por la OIT, pudiendo impactar en el derecho a huelga, sindicalización, pre y pos natal, indemnizaciones, seguridad social (pensiones y servicios asociados) y la protección contra el desempleo, todo ello con la excusa de la mal llamada flexibilización.
En definitiva, toda esta variedad de temas deben entenderse como un todo, el cual considera como eje el cumplimiento por parte de los países, de las garantias
a las empresas trasnacionales y multinacionales, los que tendran la posibilidad de demandar a los diferentes estados en tribunales adhoc (nominados por ellas mismas) cuando sientan afectados sus intereses corporativos. Es decir, ante cualquier asomo de cambio que perjudique sus ganancias, podrán demandar al país respectivo.
Esto genera un escenario de respaldo y protección a las emrpesas transnacionales, teniendo consecuencias directas en el mundo del trabajo, pues consolida el Plan Laboral de la Dictadura, reforzado por los gobiernos desde los 90 hasta la época, donde es de conocimiento público que protege los intereses de las empresas, los cuales se verian nuevamente beneficiados por generar un estandar internacional lo más precario posible, siendo un límite concreto a cualquier cambio formal a las leyes, impulsados por las organizaciones de trabajadores o sociales.